Ciudad de México, 7 de mayo (Guillermo Norten-IdeaPolitica.com).-Desde este miércoles la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene facultadades para revisar el destino que dan los gobiernos estatales a las transferencias que, con cargo al Presupuesto de Egresos, reciben cada año.

La reforma constitucional en materia de gasto firmada la víspera por el presidente Felipe Calderón Hinojosa permite la fiscalización a los recursos que reciben las administraciones locales a través de los ocho fondos del Ramo 33 del presupuesto, una de las principales fuentes de ingresos locales.

De acuerdo con datos de la SHCP, la bolsa de recursos que reciben las entidades federativas por este concepto ha crecido 83% en los últimos ocho años, y pasó de un monto de 202,118 millones de pesos en el 2000 a uno de 369,569 millones de pesos aprobado por el Congreso de la Unión para el 2008.

Estos recursos están etiquetados para educación, salud, infraestructura, seguridad pública y fortalecimiento financiero; sin embargo, la última revisión de la Cuenta Pública entregada en marzo pasado por la ASF revela que ésta es una de las áreas más opacas del gasto y en la que mayor desvío de recursos se registra.

El decreto, que se publicó este día en el Diario Oficial de la Federación, modifica el Artículo 79 de la Constitución y especifica que la Auditoría “fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales”.

Las participaciones conforman la tajada de la recaudación que les corresponde a los gobiernos locales y no están etiquetadas, por lo que las autoridades locales pueden disponer de ellas para los fines que estimen convenientes. Por este concepto los estados recibirán este año 400,161 millones de pesos.

Este ajuste a la Carta Magna permitirá también que haya un seguimiento a los recursos públicos que reciba cualquier persona física o moral por concepto de donativos, así como los destinados a fideicomisos.

Aunado a esto, se modificó el Artículo 134, con lo que se eleva a rango constitucional la obligación para todos los niveles de gobierno de ejercer los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Además de asignar el presupuesto con base en los resultados obtenidos, con indicadores que serán evaluados por expertos independientes.

“El gobierno debe, en primer lugar, garantizar a los contribuyentes que los recursos de los que disponga serán destinados a los fines para los cuales hayan sido recaudados; que se asignen y gasten de la manera más eficiente y se logren resultados tangibles para la población, así como que se rindan cuentas oportunamente a los propios habitantes sobre la aplicación de dichos recursos”, afirma la Subsecretaría de Egresos.

Homologarán contabilidad

La reforma promulgada por el Ejecutivo faculta en el Artículo 73 de la Constitución al Congreso de la Unión para expedir el marco legal que homologue la información contable de los tres niveles de gobierno, como una medida para que haya mayor transparencia en los reportes financieros y en el registro patrimonial.

Para avanzar en este sentido, el decreto da un plazo de un año a los diputados y los senadores para construir la legislación correspondiente.

Asimismo, se adelanta del 10 de junio al 30 de abril la fecha para que el gobierno presente la Cuenta Pública del año anterior, y del 31 de marzo al 20 de febrero del ejercicio siguiente, el plazo para que la Auditoría entregue los resultados de esta revisión. Además, obliga a la Cámara Baja a la dictaminación de los resultados.

Con estos cambios se abre la puerta también a la autorización de presupuestos multianuales para proyectos de inversión y se obliga a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a tener