En la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los legisladores, representados por Guadalupe Calderón Medina (PRI), presidenta de la Mesa Directiva, y Antonio Cruz Lucatero (PRD), presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron nuevamente con la Asociación de Invidentes de Michoacán con el objetivo de establecer un acuerdo en torno a su petición de incremento en becas.

En la reunión, donde estuvieron presentes Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la CEDH; Antonio Prats, por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado y Teodora Vázquez Arroyo, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los diputados dejaron en claro que el Congreso del Estado no puede etiquetar ni ejercer un presupuesto que favorezca únicamente a un sector de la población que sufre de alguna discapacidad.

Antonio Cruz Lucatero reiteró el compromiso del Congreso del Estado para resolver el conflicto y su sensibilidad hacia los grupos vulnerables; sin embargo, apuntó que el presupuesto fue aprobado en diciembre pasado y es difícil reasignar los recursos.

Por su parte, Teodora Vázquez señaló que existen 85 mil discapacitados en el estado, de los cuales el DIF sólo puede otorgar el apoyo de becas mensuales a 1140 personas.

Sin embargo, enfatizó que manejan una lista de espera que asciende a 3500 solicitudes de grupos vulnerables y niños en total abandono que padecen de pobreza extrema, razón por la cual el DIF no cuenta con capacidad financiera para atender la demanda del grupo de invidentes, ante la grandes necesidades que existen en diferentes zonas de Michoacán y la cantidad de programas que maneja la dependencia.

Por su parte, el presidente de la CEDH señaló que tanto el Gobierno como el Congreso caerían en actos discriminatorios si favorecen a un solo grupo para acceder o incrementar los recursos.

Ante la negativa de la Asociación para que sean favorecidas otras agrupaciones, Vázquez Arroyo manifestó que otorgar un incremento únicamente a sus becas podría generarle a la institución la inconformidad de las diferentes organizaciones por ejercer un trato diferenciado.

Sin embargo, ofreció apoyarlos con otros proyectos productivos, mismos que fueron rechazados por los invidentes inconformes.

Durante el encuentro, se estableció que el presupuesto etiquetado para la construcción de un albergue, será destinado únicamente para tal fin. Esto ante la propuesta por parte de las autoridades de que el recurso fuese utilizado para incrementar el monto de las becas que se otorgan en el estado.

En otro sentido, en voz de su representante, la Asociación solicitó que se estableciera un compromiso de los presentes para que el próximo año se etiquetaran mayores recursos al DIF.

En su turno, Antonio Prats se comprometió a revisar, en colaboración con la Secretaría de Educación, las irregularidades que denunció el grupo sobre la Escuela de Invidentes.

Igualmente, hizo hincapié en que es necesario involucrar a otros órdenes de gobierno, como es el DIF municipal, para establecer una solución al conflicto.

Asimismo, señaló que en la reunión quedó manifiesta la voluntad del Congreso del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Ejecutivo para solucionar, dentro de sus posibilidades, las necesidades de la Asociación de Invidentes.

Finalmente, el grupo inconforme levantó la mesa de diálogo con la sentencia de que no abandonarán las instalaciones del Poder Legislativo, a menos que se les otorgue un recurso de 800 pesos mensuales para sus becas, así como que se garantice la construcción del albergue con el monto destinado para tal caso, el cual asciende a dos millones de pesos.