Panóptico
El Ejército Mexicano no debe subestimar los reclamos de no pocos sectores sociales para que sus elementos ciñan su accionar al respeto de los derechos humanos en el marco del combate al crimen organizado en varios puntos del país.

En el Congreso michoacano, por primera vez desde que arrancó la actual legislatura, este tema fue de discusión trascendental y no puede dejar de reconocerse el posicionamiento de las fracciones del PRD, PAN y PRI.

Sin lugar a dudas que fue el perredista Antonio García Conejo quien hizo la mejor síntesis del sentir de miles de michoacanos, al subrayar: “…No aceptaremos, ni podemos aceptar, una situación en la que las personas sean brutalmente tratadas para acabar con el cáncer social como lo es el crimen organizado”.

Las críticas en nuestra entidad a una de las más prestigiadas instituciones del país se agravaron luego de que el lunes pasado un soldado de infantería ultimó a un joven moreliano cuando éste cruzaba por unas instalaciones del Ejército mexicano.

En los próximos días, le podemos adelantar, los cuestionamientos arreciarán, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitirá las conclusiones de una investigación donde elementos de la institución castrense también se vieron involucrados hace meses en el homicidio de un joven en el municipio de Huetamo.

Fuentes cercanas a esas pesquisas comentaron a este espacio que es altamente probable que la instancia a cargo de José Luis Soberanes condene el accionar de dichos elementos.

Un factor más que pone bajo la lupa al Ejército Mexicano tiene que ver con actitud negativa hacia los trabajos que desarrolla en la entidad la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

De buena fuente se sabe que algunos miembros de la cúpula militar en Michoacán han solicitado al ombudsman Víctor Manuel Serrato Lozano  que “le baje” a las críticas que ha hecho al desenvolvimiento de algunos soldados en suelo estatal.

No hay que olvidar que Serrato Lozano, al igual que Soberanes, han insistido en que los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tienen por qué violentar las garantías fundamentales en la guerra contra el crimen organizado.

Es más, tanto el ombudsman michoacano como su par nacional, han exigido el fin del fuero militar en casos en los cuales quede ampliamente documentado que los integrantes de la institución castrense abusaron de su condición y violaron los derechos humanos de la población civil.

Ya veremos cómo asume la Sedena los cuestionamientos hechos en nuestra entidad, pero no debe subestimarlos, ya que no hay día en que la población exprese su inconformidad de forma pública o con un silencio desesperanzador.

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Una muy buena estrategia mediática necesitará el gobierno entrante de Leonel Godoy para salir airoso del tema de Cherán.

Desde la semana pasada no hay día en que los medios estatales electrónicos e impresos destaquen las declaraciones que cuestionan el desenvolvimiento de las autoridades estatales en todo este lamentable asunto.

Llama la atención que entre lunes y miércoles dirigentes del PAN, PT, Panal y PRI hayan coincidido en que los responsables de la política interna reaccionaron a destiempo a un problema que anunciaba su radicalización desde hace más de un mes.

Un elemento más que debe ser ponderado son los señalamientos de incapacidad e improvisación que hicieron Germán Tena y René Patiño, a propósito de los primeros tres meses de gestión de Godoy Rangel.

Afortunadamente, el Congreso integró una comisión que se encargará de investigar los sucesos en el municipio de la Meseta Purépecha. Esperemos que pronto tenga resultados.

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Las autoridades de la Secretaría de Gobernación acaban de emitir una declaración delicada y que debe poner a trabajar a sus similares de Michoacán.

Al anunciar que en la próxima temporada de huracanes habrá al menos siete meteoros de ambos litorales de la república mexicana, Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil de la dependencia, colocó a la entidad en una lista de ocho estados con condiciones “sumamente  vulnerables” antes ese tipo de eventos.

También sostuvo que la temporada de ciclones tropicales 2008 prevé al menos 30 sistemas que podrían ir desde depresiones y tormentas tropicales hasta huracanes moderados e intensos, y en México casi dos millones de personas están en riesgo por sus efectos.

Gurza Jaidar destacó que Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Baja California y Tabasco son los estados que concentran la mayor cantidad de habitantes vulnerables, con casi un millón.

“Son entidades con alto nivel de vulnerabilidad por la exposición al fenómeno y que habitan en vivienda de alto riesgo”, remarcó.

Alberto Hernández Unzón, subgerente de Pronóstico Meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN),  fue más agudo al sostener que Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco serían los primeros estados afectados por los huracanes al inicio de la temporada (mayo y junio) por su ubicación a las costas.

Las advertencias ahí están. Cierto, no hay mucho tiempo para tomar las providencias necesarias; pero sin lugar a dudas son valiosas  y deben ayudar a evitar tragedias sustantivas.

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Aregional, una de las mejores empresas consultoras del país, acaba de entregar su Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2008 (ITDIF) y lo que más llamó la atención es que los estados salieron reprobados en materia de transparencia fiscal y rendición de cuentas.

Ricardo Carrillo, director de dicho corporativo, sostuvo que aunque los congresos de los estados han incrementado la información estadística disponible en sus sitios electrónicos, aún falta desarrollar acciones que conduzcan a la obtención de un marco jurídico completo que fortalezca la transparencia en el desempeño de la gestión pública.

“El país presenta opacidad en el uso de los recursos gubernamentales, ya que las entidades no informan sobre los montos de ingresos petroleros que son destinados a gasto público”, agregó en conferencia de prensa.

Hace precisamente una semana sosteníamos en este mismo espacio que los integrantes del Poder Legislativo federal no deberían desaprovechar los vientos fuertes que soplan en materia de transparencia y rendición de cuentas para exigir a los gobiernos estatales información sobre los 93 mil millones de pesos que recibieron por excedentes petroleros en los últimos seis años.

El estudio de aregional abona en ese debate y lo hace con creces en virtud del rigor con el que fue elaborado.